El Gobierno ratifica su firme compromiso con la lucha por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres

3 de marzo de 2026

El Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el próximo 8 de marzo. El texto, cerrado por los ministerios de Igualdad, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Juventud e Infancia, reafirma la fuerte convicción y el compromiso del Gobierno con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, con la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y con la garantía de su plena autonomía.

La protección de los derechos de las mujeres sigue siendo un reto pendiente a escala global, según se recoge en el texto, y se evidencia en el contexto internacional marcado por la persistencia de desigualdades entre mujeres y hombres, por el retroceso de derechos en algunos países y por el impacto especialmente grave que los conflictos armados siguen teniendo sobre las mujeres y las niñas. La situación en Afganistán, donde se han restringido de forma extrema derechos fundamentales, constituye uno de los ejemplos más alarmantes. Al mismo tiempo, la guerra en Ucrania, tras la invasión rusa, así como el genocidio perpetrado contra el pueblo de Palestina ponen de manifiesto cómo los conflictos agravan las condiciones de vida de las mujeres y las niñas y profundizan las desigualdades existentes.

El Gobierno de España está firmemente alineado con el impulso de políticas feministas y así ha venido dejándolo claro en los últimos años. Como subraya la declaración institucional: “La revalorización de las pensiones ha contribuido a mejorar la protección económica de millones de mujeres, especialmente de aquellas que accedieron al sistema en condiciones más desfavorables”. En el ámbito laboral, las políticas impulsadas, como la reforma laboral, han favorecido una reducción de la temporalidad promoviendo trayectorias laborales más estables, mientras que el incremento sostenido del salario mínimo interprofesional ha tenido un impacto especialmente positivo en sectores altamente feminizados. Asimismo, la extensión de los planes de igualdad, el refuerzo de los mecanismos de transparencia retributiva o el impulso de políticas públicas de corresponsabilidad, así como la ampliación de los permisos iguales e intransferibles por nacimiento, están contribuyendo a mejorar la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.

También se han reforzado las actuaciones de la Inspección de Trabajo frente al acoso sexual y por razón de sexo. Un avance relevante para garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los ámbitos de representación política, institucional y económica ha sido la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, con un objetivo claro: garantizar que las mujeres accedan a los espacios de decisión que les corresponden por mérito y capacidad.

Además, a través de la legislación aprobada recientemente en el ámbito de la ciencia, destacando la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, que modifica la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, se ha avanzado en la integración del principio de igualdad de género. Esta nueva regulación incorpora medidas específicas orientadas a atraer el talento femenino hacia la investigación y la innovación, especialmente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y a retenerlo y favorecer el desarrollo profesional de las investigadoras para evitar que se vean obligadas a abandonar su carrera científica.

Por otro lado, enfatiza la declaración institucional, se han fortalecido los instrumentos institucionales contra la violencia de género, gracias al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria y las iniciativas dirigidas a garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. Ello permitirá avances relevantes en la prevención y protección frente a nuevas formas de violencia. Igualmente, cabe destacarse la mayor especialización de los órganos judiciales, mejorando la atención a las víctimas y la eficacia de la respuesta institucional, incluidas en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

“Estas políticas están teniendo efectos visibles. España ha alcanzado cifras récord de empleo femenino, con más de diez millones de mujeres ocupadas. Asimismo, los últimos datos disponibles de la Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2025, correspondientes al año 2023, sitúan la brecha salarial de género en el 15,7 %, el valor más bajo de la serie histórica. Por su parte, la brecha salarial de género por trabajo a tiempo completo ha descendido más de 5 puntos desde 2018, situándose en 2023 en el 4,9 %”, se especifica en el texto.

Más allá de los datos, la declaración marca un objetivo, al persistir “desigualdades que exigen mantener y reforzar el compromiso institucional con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”. “Es necesario seguir avanzando en corresponsabilidad y estabilidad laboral, condición indispensable para la igualdad efectiva, así como avanzar en un sistema público de cuidados. No podemos aceptar que los cuidados sigan penalizando de forma sistemática la trayectoria profesional de las mujeres”, se refleja en el documento.

En ese sentido, se añade: “Ninguna sociedad puede considerarse plenamente democrática mientras la mitad de su población siga encontrando obstáculos para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. La igualdad entre mujeres y hombres no es solo una cuestión de justicia, es una condición esencial para el progreso colectivo, para la calidad de nuestras instituciones y para la fortaleza de nuestra convivencia”.

Violencia digital contra las mujeres

Por otra parte, el Consejo de Ministras y Ministros también ha conocido el contenido de un informe de evidencia científica sobre la violencia digital contra las mujeres, elaborado desde el Ministerio de Igualdad. El estudio arroja conclusiones como la existencia de una prevalencia alarmante en ese ámbito: el 70% de las denuncias en canales especializados corresponden a violencia digital contra las mujeres. Este fenómeno afecta sobre todo a mujeres con voz pública como políticas, periodistas y activistas. Los ataques suelen ser sexistas y centrados en su apariencia, no en sus ideas, y tienen una finalidad disciplinadora que conduce a menudo al abandono del espacio digital por parte de ellas, con el consiguiente empobrecimiento del debate público y la erosión de la calidad democrática.

Ante esas realidades, se propone una hoja de ruta basada en la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la regulación de plataformas y la educación preventiva.