20 marzo 2024
La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo, ha presidido el Pleno extraordinario del Foro Social contra la Trata con fines de explotación sexual.
Este Foro es un órgano de participación, información y asesoramiento, adscrito al Ministerio de Igualdad, que tiene como finalidad asegurar la cooperación permanente entre las instituciones y organizaciones implicadas en la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual para garantizar una actuación desde un enfoque multidisciplinar y centrado en la víctima.
En el Pleno extraordinario celebrado ayer se ha constituido la Comisión permanente, que es su órgano ejecutivo; y en él también se han conformado los Grupos de Trabajo del Foro Social. De esta forma, se ha creado un Grupo de Trabajo para realizar un estudio y análisis de la Ley Integral contra la Trata, y otro para estudiar y analizar cómo se están llevando a cabo las acreditaciones de la condición administrativa de víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Foro Social contra la Trata
El Foro Social contra la Trata con fines de explotación sexual se creó en 2009, en cumplimiento de lo establecido por el Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual 2009-2012. Está integrado por las administraciones públicas de ámbito estatal competentes en la materia, una representación de las Comunidades Autónomas, la FEMP y las organizaciones con experiencia en la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual.
La lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que ha adquirido importantes dimensiones en los últimos años, es una prioridad de las políticas públicas, que se caracterizan por un abordaje multidisciplinar en el que intervienen múltiples agentes del ámbito público y privado. La multiplicidad de actores tiene que ver con la complejidad de estas situaciones y la necesidad de que sean abordadas desde múltiples enfoques, tanto desde la perspectiva del delito, que exige actuaciones de prevención y persecución, como desde un enfoque centrado en la garantía de recuperación y protección de las víctimas. Asimismo, la configuración de un Estado descentralizado hace necesaria la articulación de mecanismos que garanticen la cooperación entre las administraciones con competencias a distintos niveles territoriales.