17 junio 2024
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha mostrado esta mañana su confianza en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en su comparecencia en la Comisión del Pacto de Estado contra la violencia de género del Senado. “Terminar con la violencia que se ejerce contra las mujeres es el mayor reto que tenemos como democracia avanzada. España se merece ser un país libre de violencias machistas”, ha destacado la ministra.
Redondo ha defendido la necesidad de seguir avanzando de la mano de todas las instituciones, desde todos los niveles de la Administración: “La cogobernanza, el diálogo y la lealtad institucional son imprescindibles para avanzar en políticas útiles al interés general, especialmente, cuando se trata de cuestiones como la violencia de género, en la que confluyen competencias estatales, autonómicas y locales”.
La ministra ha defendido la cooperación institucional, “para realizar buenos diagnósticos, adoptar medidas eficaces e intercambiar buenas prácticas”. En este sentido, ha destacado varias de las medidas llevadas a cabo por el Ministerio de Igualdad a lo largo del primer semestre de 2024.
Por una parte, Redondo ha destacado la puesta en marcha de un plan de formación para las Unidades de Coordinación de las Delegaciones del Gobierno y las Unidades de Violencia sobre la Mujer, para que puedan contribuir al seguimiento y evaluación de las medidas contempladas en el Pacto de Estado. También se ha referido a la implantación de los conocidos como Puntos Violeta en todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.
Cogobernanza
Por otra parte, la ministra ha puesto como ejemplo la coordinación continua con el Ministerio del Interior en las mesas de coordinación y también para conectar la base de datos de Viogén con la de dispositivos telemáticos.
Además, ha destacado la interlocución “esencial” con otros ministerios, como el de Sanidad, con quien se están elaborando protocolos de actuación sanitaria ante casos de violencia contra las mujeres.
Así mismo, se ha referido a la actualización del protocolo interministerial que se está actualizando con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para la atención, traslado y retorno de las españolas víctimas de violencia machista en el exterior.
Ana Redondo ha defendido la relación “constante y fluida” del Ministerio con las asociaciones y las entidades de la sociedad civil “para avanzar en la solución de problemas relevantes como los que atañen a la violencia vicaria”.
Rechazo al negacionismo
“El conjunto de la sociedad debe percibir que, por encima del ruido, se mantiene la unidad de la inmensa mayoría de la ciudadanía y de sus representantes para hacer frente a este gran problema que afecta a nuestra democracia”. “Las víctimas deben saber que no están solas”, ha insistido.
La ministra ha sido rotunda en su rechazo al negacionismo: “Negar que exista esta violencia, devaluarla o confundirla con otras formas de violencia, o cuestionar que tenga un carácter estructural y que constituya un problema radical en nuestra sociedad democrática supone literalmente un retroceso de más de 20 años”.
“Como sociedad democrática y como mujeres no nos podemos permitir retrocesos a nivel dialéctico, ni a nivel político, institucional, presupuestario o educativo”, ha zanjado.
En este sentido, ha destacado varios ejemplos de actuaciones en toda España “que ponen en tela de juicio los avances en igualdad que ha impulsado la sociedad española” y ha mostrado su preocupación: “Puede parecer anecdótico, pero es muy preocupante porque la violencia de género es un problema que pervive porque se encuentra en la raíz de nuestros patrones culturales”.
La ministra ha mostrado su total compromiso “para seguir avanzando en la igualdad real y efectiva a todos los niveles: normativa, presupuestaria e institucional”.
Incremento presupuestario
Así, la ministra ha destacado que desde 2018, se han incrementado un 217% de los recursos disponibles para luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres. En concreto, en los Presupuestos Generales del Estado, se ha pasado de 181 millones de euros en 2018 a los 573 millones de los presupuestos de 2023, prorrogados a 2024.
Redondo ha destacado la última distribución acordada en la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 140,2 millones de euros para actuaciones relacionadas con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como otros 19,8 millones destinados a programas y planes autonómicos destinados a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales. También ha avanzado que en julio está previsto distribuir mediante Real Decreto un total de 40 millones de euros destinados a los ayuntamientos.
En este sentido, Ana Redondo ha destacado algunos de los “avances normativos” impulsados en lo que va de legislatura, como es el Proyecto de Ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
También se ha referido a la futura Ley Integral contra la trata y la explotación de seres humanos, en la que actualmente se están analizando las aportaciones de la sociedad civil para su inclusión en el texto.
Además, ha hecho hincapié en el II Protocolo frente al Acoso Sexual y al Acoso por Razón de Sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos dependiente, consensuado con los representantes de las empleadas y empleados públicos. Y ha explicado que se está avanzando en la regulación de las ayudas económicas para víctimas de violencias sexuales que establece la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual.