Las leyes autonómicas LGTBI+ y trans (2012-2022)
Tras la aprobación de la ley del matrimonio igualitario en 2005 y de la ley de rectificación registral del sexo en 2007, las entidades sociales LGTBI+ comenzaron a plantearse la necesidad de impulsar leyes antidiscriminatorias a nivel autonómico, con el objetivo de avanzar hacia la igualdad real. La meta era desarrollar normativas específicas que garantizaran los derechos de las personas LGTBI+, y en particular de las personas trans, en aquellas materias en las que las Comunidades Autónomas tenían competencias.
Navarra fue la primera en aprobar una ley de este tipo en 2009, aunque el impulso más fuerte llegaría en la década siguiente: País Vasco (2012), Andalucía, Galicia y Cataluña (2014), así como Baleares, Madrid y Murcia (2016). Estas normativas comenzaron a reconocer derechos en ámbitos como la sanidad, la educación o el empleo. En algunas comunidades, se reconoció el derecho de las personas trans a la autodeterminación de género sin necesidad de tratamientos hormonales ni informes psiquiátricos. También se introdujeron medidas como la formación en diversidad afectivo-sexual y de género en los centros educativos, así como servicios de atención especializada para personas trans.
A pesar de los avances logrados, la falta de desarrollo reglamentario, la carencia de financiación específica o las resistencias políticas de algunos gobiernos autonómicos han dificultado su implementación plena. Por ello, la aprobación de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI supuso un avance muy importante en este sentido, ya que se blindaban con una normativa estatal muchos de los derechos de las personas LGTBI+ que fueran incorporándose lentamente en dichas leyes regionales.
Un orgullo en pandemia (2020)
Ante la pandemia de la COVID-19, en 2020 se canceló por primera vez en décadas la manifestación del Orgullo LGTBI+. Las restricciones de movilidad y las medidas de distanciamiento social instauradas por las autoridades sanitarias impidieron la celebración de la marcha en múltiples ciudades de nuestro país, así como la manifestación estatal que se celebra cada año en Madrid.
Sin embargo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTBI+), COGAM y el resto de entidades convocantes decidieron no renunciar a la manifestación, dada la relevancia en la reivindicación de derechos para el colectivo. En lugar de una marcha presencial, se organizó una manifestación virtual bajo el lema “Sororidad y feminismo para TRANSformar. Mujeres LTB en acción”, centrado en la reivindicación de las mujeres lesbianas, trans y bisexuales y sus experiencias de discriminación. Los ciudadanos podían crear “avatares” personalizados y recorrer un recorrido digital por las calles de Madrid, recreando el itinerario tradicional de la manifestación estatal.
A pesar de las dificultades, el orgullo pudo celebrarse, eso sí, de una manera diferente, para seguir denunciando las discriminaciones que siguen sufriendo las personas LGTBI+, especialmente las mujeres LBT. Esa edición virtual permitió mantener la movilización por parte de las entidades y el colectivo, y mostrar su capacidad de resiliencia y adaptación a otros contextos.