Nuevos espacios, divisiones internas y la llegada del VIH (1979-1992)

El inicio de la pandemia del VIH / Sida en España

Tras la despenalización de la homosexualidad en España en 1979, la nueva década de los años ochenta trajo consigo una mayor visibilidad para las personas LGTBI+, que empezaban a realizar una mayor socialización en bares y discotecas. Sin embargo, la irrupción de la enfermedad del VIH/Sida, cuyo primer caso documentado en nuestro país se diagnosticó en 1981 en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, supuso un profundo impacto para el colectivo.

A medida que la pandemia se extendía, las organizaciones de gais en España vivieron intensos debates internos sobre cómo responder a la nueva crisis al afectar directamente a muchos de sus miembros. Por un lado, existía el temor de que cualquier vinculación con la enfermedad provocara una nueva ola de estigmatización, dado el amplio rechazo social existente hacia los enfermos, alimentado por el desconocimiento del virus y la ausencia de tratamientos en los primeros años. Pero, por otro lado, se hacía evidente la urgencia de actuar, ya que los casos y fallecimientos empezaban a multiplicarse dentro de los cuadros de estas organizaciones y en el colectivo LGTBI+.

Si bien durante los primeros años los frentes de liberación fueron reacios de involucrarse en esta lucha, a partir de mediados de la década de los ochenta, las entidades LGTBI+ , que ya contaban con una mayor estructura y capacidad operativa —como COGAM en Madrid o LAMBDA en Valencia, ambas surgidas en 1986—, tuvieron que asumir funciones asistenciales, prestando servicios comunitarios. En 1987 se produce el primer folleto oficial por parte de la Generalitat de Cataluña de información sobre el VIH, y grupos de personas voluntarias de los frentes de liberación empezaron a repartir preservativos y folletos de información sobre la enfermedad en bares y discotecas.

Además, en colaboración con otras entidades sociales y profesionales de la salud, comenzaron a formarse Comités Antisida, con el objetivo de articular una respuesta coordinada frente a la pandemia.

Un nuevo proyecto: la aprobación de una ley antidiscriminatoria
En 1988, COGAM impulsó un proyecto de ley antidiscriminatoria que fue asumido como propio por la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español (COFLHEE). Esta iniciativa fue presentada en diciembre de ese mismo año a distintos grupos parlamentarios, con la intención de servir como base para una futura legislación que protegiera contra la discriminación por motivos relacionados con los comportamientos sexuales. El texto proponía la modificación de múltiples normativas, entre ellas el Código Penal, el Código de Justicia Militar, el Estatuto de los Trabajadores o la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Uno de los aspectos más destacables del proyecto es la redacción, ya que, en lugar de referirse a la categoría de “orientación sexual” —como sería habitual hoy en día—, utilizaba el término de “prácticas sexuales” como motivo de discriminación (en cierta medida, por el marco previo de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970 que condenaba los “actos de homosexualidad” y no a las personas homosexuales en sí mismas). Sin duda, esta redacción buscaba blindar a gais y lesbianas frente a cualquier tipo de discriminación, pero a la vez, el proyecto no incluía referencias a la identidad de género ni a la discriminación específica que sufrían las personas trans.

El proyecto avanzaba propuestas pioneras para su época, como la equiparación de las parejas del mismo sexo con el matrimonio legal, así como la posibilidad de adopción por parte de estas parejas. En este sentido, se establecía:

«A los efectos de adopción podrá equipararse al matrimonio la relación de pareja estable, independientemente del sexo de las personas que la conformen»

 (Propuesta de ley antidiscriminatoria de la COFLHEE, 1988).

Asimismo, incluía una reforma del Código Penal para introducir un agravante por discriminación basada en las “prácticas sexuales”:

 “Ejecutar el hecho por razones de discriminación de sexo, práctica sexual, raza, religión, opinión, etc.”

(Propuesta de ley antidiscriminatoria de la COFLHEE, 1988).

A pesar del intento, el proyecto de ley antidiscriminatoria no fue asumida por los grupos parlamentarios. Algunas de sus propuestas fueron incorporadas posteriormente, como la reforma del Código Penal para introducir el agravante por orientación sexual en actos discriminatorios (1995). La falta de apoyo parlamentario evidenció la aún considerable distancia entre los partidos políticos y las entidades LGTBI+, unas alianzas que empezarían a consolidarse progresivamente durante la década de los noventa.