De los derechos sexuales a los derechos de familia
La apuesta de las organizaciones de gais y lesbianas por impulsar una ley de parejas de hecho fue en sí misma un cambio estratégico fundamental dentro del activismo por los derechos LGTBI+. Hasta ese momento, los frentes de liberación homosexual estuvieron centrados exclusivamente en los llamados “derechos sexuales”, como la defensa de una identidad sexual no normativa frente a las normas sociales y el orden moral, orientada a cuestionar instituciones tradicionales como el matrimonio o la monogamia.
Sin embargo, era necesario un giro discursivo para conseguir el apoyo de mayorías sociales para algunas de sus demandas, como la ley de parejas de hecho. Dicho giro fue emprendido durante la década de los años noventa por parte de las entidades LGTBI+. Se trataba de “desexualizar” sus demandas y plantearlas en términos de derechos humanos y de ciudadanía —los “derechos de familia”. El resultado de este cambio discursivo fue múltiple: mientras que permitía ampliar la base del movimiento social más allá de las personas LGTBI+, también facilitó las alianzas con otros actores sociales (sindicatos, otros movimientos sociales, partidos políticos), así como un cambio en la percepción social de gais y lesbianas (como evidencian diferentes estudios, como los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas de esa década).
Este cambio de discurso orientado hacia la normalización social permitió presentar las reivindicaciones de los colectivos LGTBI+ como una equiparación de derechos con las personas heterosexuales. Se consolidó así un nuevo modelo de reivindicación que articulaba sus demandas en torno a un relato de la igualdad —más que de la diferencia—. Esta transformación resultaría, sin duda, determinante para la consolidación del discurso de igualdad y para el éxito posterior en la aprobación del matrimonio igualitario en 2005.