El discurso de la igualdad de derechos: la ley de Parejas de Hecho (1992-1997)

A principios de los años noventa, la brecha que existía entre gais y lesbianas fue desapareciendo, con la creación de nuevas organizaciones mixtas, así como la consolidación de la nueva estrategia de colaboración con las instituciones. Un ejemplo de esta tendencia fue la fundación en 1992 de la Federación Estatal de Lesbianas y Gais (FELG, hoy FELGTBI+), surgida tras la salida de varias organizaciones de la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español (COFLHEE), que aún mantenía posturas radicales centradas en una crítica estructural al sistema.

El nuevo rumbo de estas organizaciones apostó por una estrategia de acción colectiva orientada a la colaboración institucional, con el objetivo de conquistar derechos legales y sociales, así como de ofrecer servicios y apoyo a sus comunidades. La emergencia del VIH/Sida había tenido un fuerte impacto en las estructuras del activismo, debilitando a sus cuadros. En ese contexto, se impuso la necesidad de que las organizaciones también asumieran funciones asistenciales, reforzando su papel como referentes sociales en un momento de gran vulnerabilidad para la comunidad. Las manifestaciones del orgullo incorporaron nuevos elementos, como la bandera arcoiris, en 1995, o la primera “carroza” en 1996, así como fueron acogiendo paulatinamente a un mayor número de participantes.

La decisión del Ayuntamiento de Vitoria de permitir a parejas de gais y lesbianas inscribirse en su registro municipal tuvo un fuerte valor simbólico y sirvió de impulso para iniciativas similares en otras ciudades. Ese mismo año, el Consejo de Ministros llegó a aprobar un proyecto de ley de parejas de hecho, pero su tramitación parlamentaria se vio interrumpida por el adelanto electoral que llevó al Partido Popular al poder en 1996. A pesar de ello, algunas comunidades autónomas comenzaron a legislar en ausencia de una ley estatal, siendo Cataluña la primera en aprobar una ley de uniones civiles —con derechos limitados—. Así, parejas de gais y lesbianas se fueron haciendo cada vez más visibles en la esfera pública, lo que contribuyó a un cambio cultural necesario para que, en 2005, se aprobara finalmente la ley del matrimonio civil en España: la visibilidad de parejas del mismo sexo comenzaba a naturalizarse.

Cronología

1989

Dinamarca aprueba la primera ley de uniones civiles para parejas del mismo sexo. Le seguirán Noruega (1993) y Suecia (1995).

1992

Nacimiento de la Federación Estatal de Lesbianas y Gais (FELG), hoy FELGTBI+.

1994

Se abre el Registro de Parejas de Hecho de Vitoria.

Informe Roth del Parlamento Europeo, que propone equiparar los derechos de las parejas de hecho con los del matrimonio.

Nace RQTR, primera asociación universitaria LGTBI+.

1995

Se reconoce la orientación sexual como circunstancia agravante por motivo discriminatorio en el Código Penal.

1996

Aparece TARGA (Terapia Antirretroviral de Gran Actividad), un avance decisivo en el tratamiento contra el VIH/Sida.

Nace la Fundación Triángulo.

1997

Proyecto de la Ley de Parejas Civiles, que no llega a aprobarse en el Congreso de los Diputados.

Frases destacadas

La mayor visibilidad de las parejas del mismo sexo a finales de los 90 fue muy influyente en el cambio cultural de nuestro país.

La ley de parejas civiles no salió adelante, pero permitió a las organizaciones aprender de la estrategia política llevada a cabo.

De los derechos sexuales a los derechos de familia

La apuesta de las organizaciones de gais y lesbianas por impulsar una ley de parejas de hecho fue en sí misma un cambio estratégico fundamental dentro del activismo por los derechos LGTBI+. Hasta ese momento, los frentes de liberación homosexual estuvieron centrados exclusivamente en los llamados “derechos sexuales”, como la defensa de una identidad sexual no normativa frente a las normas sociales y el orden moral, orientada a cuestionar instituciones tradicionales como el matrimonio o la monogamia.

Sin embargo, era necesario un giro discursivo para conseguir el apoyo de mayorías sociales para algunas de sus demandas, como la ley de parejas de hecho. Dicho giro fue emprendido durante la década de los años noventa por parte de las entidades LGTBI+. Se trataba de “desexualizar” sus demandas y plantearlas en términos de derechos humanos y de ciudadanía —los “derechos de familia”. El resultado de este cambio discursivo fue múltiple: mientras que permitía ampliar la base del movimiento social más allá de las personas LGTBI+, también facilitó las alianzas con otros actores sociales (sindicatos, otros movimientos sociales, partidos políticos), así como un cambio en la percepción social de gais y lesbianas (como evidencian diferentes estudios, como los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas de esa década).

Este cambio de discurso orientado hacia la normalización social permitió presentar las reivindicaciones de los colectivos LGTBI+ como una equiparación de derechos con las personas heterosexuales. Se consolidó así un nuevo modelo de reivindicación que articulaba sus demandas en torno a un relato de la igualdad —más que de la diferencia—. Esta transformación resultaría, sin duda, determinante para la consolidación del discurso de igualdad y para el éxito posterior en la aprobación del matrimonio igualitario en 2005.