La Conferencia Sectorial de Igualdad aprueba el procedimiento para la acreditación de las situaciones de violencias sexuales

17 de noviembre de 2025

La Conferencia Sectorial de Igualdad ha alcanzado un acuerdo relativo al procedimiento común de acreditación de las situaciones de violencias sexuales. En la reunión mantenida hoy entre el Ministerio de Igualdad, las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se ha aprobado el procedimiento básico o pautas mínimas comunes para llevar a cabo la acreditación, con efectos administrativos, de las situaciones de violencias sexuales.

Estas acreditaciones, contempladas en la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de libertad sexual, facilitará el acceso de las víctimas de violencias sexuales a todos los derechos, recursos y servicios reconocidos en la normativa estatal, dando cumplimiento, además, a los requerimientos tanto del Convenio de Estambul, como del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Según el acuerdo alcanzado en esta jornada, la acreditación tendrá eficacia en todo el territorio del Estado y podrá ser solicitada por las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas principales de todas las formas de violencia sexual; así como por quienes ejerzan su representación legal. De esta forma, podrán solicitar esta acreditación las víctimas que no hayan presentado denuncia previa, aquellas cuyo procedimiento judicial haya sido archivado o sobreseído, quienes hayan interpuesto denuncia y el procedimiento penal esté en trámite, o las que cuentan con sentencia condenatoria firme con pena o penas ya extinguidas por cualquier causa, siempre que haya transcurrido el plazo de cinco años a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Podrán hacerlo, igualmente, las víctimas con sentencia absolutoria o que no hayan podido probar la existencia de violencia, las víctimas a las que se haya denegado la orden de protección o la adopción de medidas cautelares, o para las que estas hayan quedado inactivas, y cuando existan antecedentes de denuncia o retirada de la misma.

La acreditación con título administrativo tendrá una vigencia de cinco años, a contar desde el día siguiente al de la emisión del título acreditativo, o desde que la víctima cumplió la mayoría de edad, si la acreditación se emitió siendo esta menor de edad. Transcurrido ese plazo de cinco años, podrá solicitarse nuevamente.

Hasta alcanzar este acuerdo con los territorios, el Ministerio de Igualdad ha impulsado un grupo de trabajo con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, que se ha reunido en ocho ocasiones. Por otro lado, el Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad, ha trabajado junto al Ministerio de Justicia en una instrucción, publicada el pasado 28 de octubre, para que los letrados de la Administración de Justicia comuniquen la información sobre las víctimas de violencia sexual al punto designado por las comunidades y ciudades autónomas, a semejanza de lo que ya se venía haciendo con las víctimas de violencia de género.

Cabe recordar que el Ministerio de Igualdad cuenta desde 2023 con una partida presupuestaria específica para hacer frente a las ayudas económicas, que ya está a disposición de las comunidades autónomas para su gestión y, en última instancia, para que puedan contribuir a la recuperación y el bienestar de las víctimas. Y, con independencia de la acreditación administrativa, son títulos habilitantes que certifican las situaciones de violencia sexual, y por tanto dan acceso a las víctimas a sus derechos legales, las sentencias condenatorias, las órdenes de protección, o cualquier otra resolución judicial que declare la existencia de violencia sexual o acuerde una medida cautelar a favor de la víctima; así como un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia sexual.

Transparencia sobre otros asuntos

Al margen de las acreditaciones, en la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada a lo largo de la mañana de hoy, el Ministerio de Igualdad ha informado de otros asuntos como la incidencia técnica en el sistema Cometa, registrada el pasado 11 de noviembre y resuelta ese mismo día; de los últimos casos de violencia de género que se analizaron en el comité de crisis celebrado el pasado día 12 de noviembre; y del reciente texto normativo sobre violencia vicaria impulsado por el ministerio.