Irene Montero: «Esta Ley amplia derechos y acaba con los obstáculos para ejercer la interrupción voluntaria del embarazo»

17 mayo 2022

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa del Consejo de Ministras y Ministros para explicar los detalles de la aprobación de la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Montero ha destacado la importancia de esta Ley, «para garantizar el derecho a la salud sexual de las mujeres» y demostrar que «este Gobierno pone al Estado cerca de las mujeres y las familias». Montero ha agradecido también al movimiento feminista, que desde hace décadas, «pelea por los avances de las mujeres en este país». Esta norma, ha afirmado, «amplia derechos y acaba con los obstáculos para ejercer la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)».

Ampliación IVE

Montero ha explicado, cómo con esta Ley «devolvemos a las mujeres de 16 a 18 años y a las mujeres con discapacidad, la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos». Con esta reforma, ha afirmado, «no tendrán que pedir el permiso de sus tutores legales para acceder a la IVE». Por supuesto, ha matizado la ministra, «la gran mayoría confiaran en sus padres, madres, amigas y familiares cuando afronten una IVE, pero la decisión será suya». La reforma, elimina también el periodo de reflexión de tres días y la información obligatoria que se entregaba a las mujeres. «Las mujeres pueden reflexionar el tiempo que necesiten, pero el Estado respetará su decisión y no duda de su decisión».

De esta manera, se blinda el acceso al aborto en los centros públicos, haciendo que el recurso de acudir a las clínicas privadas sea la excepción. En ese aspecto, la ministra ha querido reconocer a las clínicas privadas que durante décadas «han sostenido la garantía del derecho de la IVE».

La Ley regulará también la objeción de conciencia, «un derecho fundamental e individual de cada profesional», sin que ello impida el efectivo derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. A la vez, se incorpora una incapacidad temporal para aquellas mujeres que interrumpan su embarazo, voluntariamente o no, con el objetivo de que se puedan recuperar de la intervención. También hay la previsión de que cada centro cuente con ambos métodos para las interrupciones de los embarazos, tanto el quirúrgico como el farmacológico, para que sea la mujer la que libremente decida cuál de ellos quiere.

En este sentido, se incorpora la provisión de asistencia y acompañamiento integral y especializado en los casos de interrupción del embarazo, incorporando también, una incapacidad temporal preparto desde la semana 39 de embarazo, que no consumirá ningún día del permiso posterior.

Salud menstrual

Por primera vez se incluye la salud menstrual como estándar de salud. Para Montero, «esto implica reconocer y actuar contra el conjunto de estereotipos y prejuicios que rodean esta dimensión de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres». La Ley incluye también el derecho a la incapacidad temporal por cuadros médicos que se deriven de reglas incapacitantes.

«Somos el primer país de Europa que recoge la salud menstrual como un derecho de las mujeres. Distribuiremos de forma gratuita productos menstruales para personas con menos recursos, luchando así contra la pobreza menstrual, y que se dispensen en centros educativos, en organismos públicos, en centros penitenciarios o centros sociales, para combatir la pobreza menstrual», ha afirmado la ministra.

Educación sexual

Montero ha explicado cómo se refuerza especialmente la educación sexua, en todos los niveles educativos. «Una educación que reconozca la diversidad sexual, la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual y el abordaje de la salud menstrual con perspectiva de género».

Los centros educativos de secundaria, en el marco de campañas de sensibilización y prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados, repartirán anticonceptivos de barrera de manera gratuita. También se dispensarán en centros penitenciarios o centros de la red de servicios sociales.

Se refuerza también la formación de los profesionales en materia de IVE y salud sexual y reproductiva, incluyendo contenidos en las carreras de ciencias jurídicas, de la salud, de la educación y sociales y en los currículos de las oposiciones vinculadas a estas. Además, se establecen servicios públicos de asistencia integral especializada en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, contando estos con equipos interdisciplinares y servicios adaptados a las necesidades y demandas de la población joven.

Por último, se apuesta por la anticoncepción de última generación, la corresponsabilidad y la mayor accesibilidad, impulsando el desarrollo de la anticoncepción hormonal masculina y ampliando la financiación pública de los anticonceptivos, garantizando la gratuidad de la píldora del día después a través de su distribución en los centros de salud y en los servicios de salud sexual y reproductiva especializados. «La anticoncepción no es solo una responsabilidad de las mujeres, también lo es de los hombres», ha asegurado Montero.

Explotación reproductiva

Por último, se reconoce la gestación por sustitución como una forma de violencia contra las mujeres, prohibiendo la publicidad de las agencias de intermediación y realizando campañas que refuercen la ilegalidad de estas prácticas. «La ratificación del Convenio de Estambul nos obliga a dar respuesta a todas las formas de violencia recogidas en este tratado», entre ellas, «algunas más ligadas a los derechos reproductivos, como la esterilización forzada, la anticoncepción forzada, el aborto forzado y el embarazo forzado, como formas de violencia contra las mujeres», ha concluido la ministra.