31 mayo 2023
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, ha presentado las observaciones finales del IX informe periódico sobre España, presentado por una delegación encabezada por el Ministerio de Igualdad el pasado mes de mayo. En el informe, la CEDAW pone en valor los avances del Gobierno de España y del Ministerio de Igualdad, en materia de igualdad, a la vez que recomienda una serie de medidas para continuar avanzando en ese sentido.
El Comité «acoge con satisfacción los avances normativos logrados» en lo que a reformas legislativas se refiere. Destaca en particular en la adopción de, entre otras, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual; la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo; la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la Igualdad Real y Efectiva de las personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI; la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia; o La ley Integral 15/2022, de 12 de julio, para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.
El Comité CEDAW, celebra la propia creación del Ministerio de Igualdad, acogiendo con satisfacción «el establecimiento del Ministerio en 2020 y el establecimiento de una arquitectura nacional para los derechos de las mujeres». También toma nota de los esfuerzos realizados por España para fortalecer «la coordinación de su trabajo en materia de igualdad de género» y ve como muy positivo el aumento presupuestario en igualdad «para la implementación de políticas públicas en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres y el aumento de las estadísticas sobre la mujer».
Desde 2015, fecha del anterior informe, el presupuesto del Ministerio de Igualdad se ha incrementado en 528,5 millones de euros, pasando de 44.5 millones de euros en 2015, a 573 millones en 2023. Es decir, un aumento del 1287,6%.
El Comité emite a través de este informe varias recomendaciones que plantean retos presentes y futuros para España: entre ellas, recomienda que haya una mayor coordinación entre los ministerios competentes en materia de igualdad de género y derechos de la mujer y las CCAA «para garantizar una aplicación convergente y coherente» de las diferentes medidas legislativas adoptadas, así como «fortalecer el sistema existente de recopilación de datos y los mecanismos de coordinación».
Violencia machista
El Comité, ve muy positivos, «los numerosos esfuerzos legislativos y políticos realizados» por España «para construir una política para prevenir y abordar la violencia de género contra las mujeres, como la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual 10/2022», de la que pone en valor que evita que el foco de la prueba recaiga sobre la víctima. Lo cual supone el cumplimiento de una recomendación fundamental del Comité de 2015: construir un marco político y normativo para dar respuesta a todas las formas de violencia contra las mujeres, no sólo a la que se producía en la pareja o expareja.
Asimismo, recomienda que España consolide las políticas de prevención de la violencia contra la mujer, en particular reforzando la identificación de las situaciones de vulnerabilidad y la prevención de la reincidencia; se comprometa con la UE para la pronta adopción de un proyecto de ley sobre inteligencia artificial que incluya medidas para mitigar y prevenir los altos riesgos planteados en términos de violencia contra las mujeres, en consonancia con la pionera Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual 10/2022; o que tenga en cuenta las nuevas formas de violencia, como el acoso en línea y los discursos de odio, y la necesidad de legislación específica. La CEDAW asimismo traslada su preocupación por «una cultura judicial que no incorpora suficientemente lo establecido en la Convención»; e incide en la importancia de la erradicación de estereotipos de género en el ámbito judicial.
El Comité, sostiene también la preocupación que ya albergaba en 2015 sobre la tasa de feminicidios y recomienda seguir en la senda iniciada de mejorar la prevención, y recoger datos de todos los feminicidios.
Trata y explotación sexual
El Comité toma nota de las medidas adoptadas por España para combatir la trata, mediante la adopción del Plan Estratégico Nacional contra la Trata y Explotación de Seres Humanos 2021-2023 y la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada y la Delincuencia Grave 2019-2023.
Sin embargo, el Comité, al igual que el Ministerio de Igualdad, considera que falta una legislación integral sobre la trata, garantizando el acceso de las víctimas a más derechos. En ese sentido, el Comité recomienda que España apruebe cuento antes el Proyecto de Ley Orgánica contra la Trata y refuerce su enfoque de prevención y protección, continuando su estrecha colaboración con la sociedad civil.
Estereotipos
El Comité saluda los esfuerzos realizados por España para fortalecer el apoyo a la igualdad de género en la sociedad, en particular a través de las políticas de corresponsabilidad, articuladas a través del Plan Corresponsables, que, con una financiación de 200 millones de euros anuales, ha permitido la contratación pública de bolsas de cuidados para menores de 16 años, facilitando en cada edición anual el cuidado de 500.000 niños y niñas. Además, como parte del Plan, se prioriza la conciliación de las mujeres víctimas de violencia o de las familias monomarentales.
También valora como positivas la efectiva persecución de la discriminación de género contra las mujeres, el fortalecimiento de la educación en igualdad, y la acción contra los estereotipos en los medios de comunicación, en particular el Observatorio de la Imagen de la Mujer, impulsado por el Instituto de las Mujeres, encargado de identificar y eliminar imágenes que promuevan estereotipos discriminatorios en el ámbito comunicativo y de la publicidad.
El Comité, en este sentido, recomienda que España prosiga y refuerce las campañas de información y sensibilización, en la senda presupuestaria ascendente que se inició en 2020, así como mantener y fortalecer las políticas que promuevan la corresponsabilidad; o la implementación efectiva y plena de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
Participación
El Comité reconoce el compromiso de España para lograr la igualdad de género en los órganos de adopción de decisiones y «acoge con satisfacción los avances positivos en este ámbito, como la representación de mujeres en el gobierno», o el 44% de los escaños en el Congreso y 39% en el Senado. Sin embargo, el Comité advierte que la participación de la mujer en otras áreas de la vida política y pública «sigue siendo baja, como en los tribunales superiores, en particular en el Tribunal Constitucional, y en el deporte, la carrera diplomática o en el sector privado».
Empleo
El Comité reconoce la importancia de la adopción del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, el Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola 2021-2027, así como los avances realizados para facilitar la conciliación de las responsabilidades familiares con el empleo, como el innovador permiso menstrual para las mujeres, recogido en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En este sentido, el Comité recomienda a España, proseguir y potenciar los esfuerzos para erradicar las desigualdades salariales, en particular en lo que respecta a las trabajadoras temporeras y las trabajadoras migrantes, y garantizar la corresponsabilidad para mujeres y hombres en el lugar de trabajo y el uso equitativo de las medidas relacionadas, como pueden ser horarios flexibles, permisos o servicios de cuidado de niños y niñas, para incrementar el acceso de las mujeres a puestos de trabajo y toma de decisiones.
Salud
El Comité ve muy positivo el avance en derechos que supone la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, sobre Salud Sexual y Reproductiva y la Interrupción Voluntaria del Embarazo a través de la Ley Orgánica 1/2023. A su vez, el Comité reconoce los esfuerzos realizados por España para combatir la violencia obstétrica. Sin embargo, en consonancia con el Ministerio de Igualdad, le preocupa que la aplicación no sea sistemática y se caracterice por disparidades significativas entre regiones.
El Comité, por tanto, recomienda a España que «garantice la aplicación efectiva y generalizada de la legislación sobre el aborto (Ley Orgánica 1/2023) a través de un aumento de los servicios a nivel local por parte de las autoridades regionales», es decir las CCAA, «preservando el acceso universal a la atención», a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, especialmente mujeres con discapacidad, mujeres migrantes y mujeres gitanas.
Matrimonio y relaciones familiares
El Comité reconoce la importancia de la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. A pesar de eso, tal como ha indicado en diversas ocasiones el Ministerio de Igualdad, el Comité, observa con preocupación la continua aplicación del Síndrome de Alienación Parental a pesar de su prohibición por la Ley Orgánica 8/2021, al considerar la custodia de los hijos e hijas en caso de violencia machista que puede poner a la madre y a los hijos e hijas en riesgo de violencia.
El Comité, en ese sentido, recomienda a España que vele por que los derechos de tutela y visita sin supervisión no se otorguen a los padres en los casos en que los derechos, el bienestar y la seguridad de los niños y niñas puedan verse en peligro.
El Ministerio de Igualdad celebra el buen resultado de este examen periódico, que da cuenta de la gran labor desarrollada por España para situarse en los más altos estándares internacionales en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como recoge las recomendaciones y observaciones del Comité con el máximo interés y atención para marcar retos y prioridades en el avance en derechos y oportunidades.