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El Gobierno aprueba la creación de la primera Red de Mujeres Gitanas estatal
23 de diciembre de 2025
El Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado hoy, a propuesta de los ministerios de Igualdad y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la creación de una Red de Mujeres Gitanas, para reforzar su participación social y política e institucionalizar un diálogo permanente con la Administración General del Estado (AGE).
Esta iniciativa responde a una sostenida demanda del movimiento asociativo gitano y, en especial, de las organizaciones lideradas por mujeres gitanas, que han reclamado desde hace años un espacio propio, estable y reconocido institucionalmente desde el que poder participar de manera efectiva en el diseño de las políticas públicas.
La red tendrá entre sus principales funciones la de servir de marco de colaboración, cooperación e intercambio con representantes de las mujeres gitanas, y la de analizar y poner en común propuestas relacionadas con las políticas de promoción de la igualdad de trato, no discriminación y participación social de las mujeres gitanas, incluidas aquellas orientadas a mejorar la prevención y sensibilización frente a las situaciones de violencia que les afectan como colectivo vulnerable, y en coherencia con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
En la misma línea, otros de sus fines esenciales pasarán por facilitar el acceso equitativo a recursos de formación, empleo, salud y protección frente a violencias; visibilizar a mujeres gitanas como referentes sociales y culturales; promover el diálogo y la transmisión intergeneracional de saberes y experiencias; o denunciar y combatir el antigitanismo desde una perspectiva feminista e interseccional.
La Red de Mujeres Gitanas quedará adscrita al Ministerio de Igualdad, a través de la Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, si bien tendrá carácter transversal y estratégico, como refleja el hecho de que contará con la participación de trece ministerios del Gobierno de España. Estará compuesta por una presidencia, dos vicepresidencias, veinticinco vocalías y una secretaría, integradas también por representantes de entidades y expertas.
En el plazo de tres meses desde la aprobación del acuerdo por el que se crea, esta nueva entidad deberá reunirse al menos una vez al año, en pleno, pudiendo constituirse también grupos o subgrupos de trabajo, según los temas a abordar.
“Con esta red, el Gobierno de España reconoce el liderazgo, el conocimiento y la capacidad transformadora de las mujeres gitanas como actoras clave en la construcción de políticas públicas más justas, inclusivas y democráticas”, según defiende la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo.
Liderazgo de España en feminismo y cooperación
De otro lado, el Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado que el Ministerio de Igualdad contribuye con una aportación de dos millones de euros al Programa de Acción Coordinada para Erradicar con la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas en América Latina (PACTA), que es una iniciativa internacional de cooperación liderada por ONU Mujeres, cuyo objetivo es fortalecer la respuesta integral frente a la violencia de género en América Latina mediante un enfoque sistémico que integra prevención educativa, fortalecimiento de capacidades institucionales, atención especializada a víctimas, coordinación intersectorial, y cambio normativo.
El programa PACTA opera en cuatro países con presencia estratégica: Colombia, Ecuador, Honduras y México. Se trata de territorios que enfrentan una crisis humanitaria por altas tasas de feminicidio, violencia sexual, violencia intrafamiliar y trata de personas. La intervención combina trabajo con operadores de justicia y trabajadores sociales y pretende transformar instituciones y normativas, con especial énfasis en la integración de perspectiva de género en sistemas de atención a víctimas y en mecanismos de coordinación entre sectores.
Con la aportación económica del Ministerio de Igualdad se contribuirá a financiar componentes clave de prevención, formación institucional, fortalecimiento de servicios de atención a víctimas y generación de conocimiento comparado a nivel regional, en una estrategia que consolida el liderazgo de España en políticas feministas y de cooperación para el desarrollo.