El Consejo de Ministras y Ministros aprueba una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños

22 de septiembre de 2026

El Consejo de Ministras y Ministros ha dado luz verde en la mañana de hoy al acuerdo por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, que se celebra mañana, 23 de septiembre. En ella se expresa el firme compromiso del Gobierno de España con la igualdad plena y efectiva entre mujeres y hombres, así como su solidaridad con las víctimas y el rechazo a esta violación de los derechos humanos. De ahí, que se trabaje con un objetivo: la eliminación de toda forma de violencia machista contra las mujeres, niñas y niños y, especialmente, de la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.

La declaración, iniciativa del Ministerio de Igualdad, cuenta como coproponentes con los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Interior; Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Juventud e Infancia.

El texto reconoce la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual como una “esclavitud moderna”, que utiliza a las personas más vulnerables como simple mercancía, violando de forma flagrante sus derechos humanos. Una situación que afecta sobre todo a mujeres y niñas.

Según el Informe Global de Trata de Personas 2024, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la explotación sexual continúa siendo uno de los principales fines de la trata, suponiendo el 36 % de los casos identificados. Además, el 61 % de las más de 202.478 víctimas detectadas a nivel global son mujeres y niñas, quienes, a su vez, constituyen el 92 % de las víctimas de explotación sexual. En España, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en 2025, el 98,54 % de las víctimas de trata con fines de explotación sexual eran mujeres y niñas.

En ese marco, el Gobierno insiste en que estos datos ponen de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de detección precoz y protección integral, particularmente en contextos donde concurren múltiples discriminaciones, como el racismo, la migración forzada o la discapacidad. De ahí que se incida en la necesidad de que los estados cuenten con las herramientas necesarias para posibilitar una acción rápida, eficaz y coordinada en beneficio de aquellas personas que ya se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y que podrían llegar a ser víctimas de la trata de seres humanos y de la explotación sexual.

Ceuta

La declaración recoge, asimismo, que la situación de Ceuta exige una atención prioritaria, ya que “las mujeres y niñas que llegan hasta la ciudad están en condiciones de extrema precariedad y desprotección”, unas circunstancias que “pueden ser aprovechadas por redes mafiosas y agresores para someterlas a trata y explotación sexual”. Por ello, se subraya la importancia de reforzar las medidas de prevención, protección y asistencia integral, garantizando una respuesta pública firme, coordinada y centrada en sus derechos.

Por otro lado, sobre la infancia migrante no acompañada, se mantiene en el texto que resulta imprescindible reforzar el sistema de protección para garantizar su tutela efectiva, la no discriminación por razón de origen o situación administrativa, la prevención de fugas y desapariciones de los centros de acogida, que provocan situaciones de mayor vulnerabilidad ante redes de trata; y el tránsito ágil hacia recursos especializados de protección, evitando la revictimización y el paso por dispositivos no adaptados a sus necesidades.

España, referente internacional

España ha logrado situarse como un referente internacional por el avance y consolidación de derechos feministas, en especial de las víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual. Por ello, se alude a las leyes aprobadas que mejoran la protección y asistencia de forma integral, así como las destinadas a agravar las penas previstas para los delitos de trata de seres humanos con víctimas desplazadas por un conflicto armado o catástrofe humanitaria. También otras iniciativas destinadas a la especialización de los órganos judiciales o a la consolidación del derecho a la asistencia jurídica gratuita a todas las víctimas de trata de seres humanos.

A esto se suman las ayudas a víctimas de violencias sexuales con el objetivo de garantizar su autonomía económica y facilitar así la recuperación integral de las víctimas más vulnerables, o las numerosas medidas incorporadas en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para prevenir y erradicar la trata con fines de explotación sexual. Igualmente, se han convocado subvenciones públicas destinadas a proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijas e hijos menores o con discapacidad. Una iniciativa que gestiona la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y que ha destinado 13 millones de euros para este fin en 2026.

La declaración aprobada hoy también toma en consideración los impactos de la tecnología digital en la trata de personas, que ha supuesto la creación de nuevos escenarios y métodos de captación y control de víctimas, además de dificultar la detención de los delincuentes.

Por último, el texto refleja que España continúa avanzando mediante el impulso de normas como el Anteproyecto de ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos que aborda también los ámbitos de la prevención y sensibilización, así como la adecuada identificación y asistencia a las víctimas. Esta ley favorecerá la puesta en marcha de políticas públicas centradas en la erradicación de la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños, y colocará la protección de los derechos de las víctimas en el centro de la acción.

Pago de la contribución voluntaria a la SEGIB

Por otra parte, el Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza el pago de la contribución voluntaria del Ministerio de Igualdad a la Secretaría general Iberoamericana (SEGIB), correspondiente al año 2026, por un importe total de 50.000 euros.

España preside la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (IIPEVCM) desde el 23 de junio de 2023, con la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, como la representante de España y, por tanto, corresponde al Ministerio de Igualdad realizar las contribuciones necesarias para su funcionamiento y el logro de los objetivos previstos, entre los que se encuentra contribuir a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres en Iberoamérica desde la construcción y consolidación de un marco común de referencia.