El Gobierno impulsa iniciativas en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género y sus familias

19 de junio de 2026

La vivienda constituye un elemento esencial para garantizar la protección, recuperación y autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos, por lo que el Gobierno ha impulsado medidas en esa materia destinadas a facilitar la salida de esas familias de situaciones de violencia.

Así, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, promovido por el Ministerio de Igualdad, incorpora diversas acciones (medidas 92, 215, 233, 237, 268, 373 y 374) orientadas a garantizar recursos habitacionales adecuados, reforzar la protección residencial de las víctimas y eliminar barreras de acceso a la vivienda. De hecho, hay siete medidas en concreto que constituyen un marco de referencia para el diseño y el desarrollo de políticas públicas de vivienda con perspectiva de género.

Del conjunto de medidas pueden identificarse cinco grandes ejes de actuación:

1. Garantía habitacional inmediata

Asegurar que ninguna víctima permanezca con el agresor por carecer de una alternativa residencial.

2. Prioridad en el acceso a vivienda pública

Reconocer a las víctimas de violencia de género como colectivo prioritario en las políticas de vivienda protegida y social.

3. Flexibilización de requisitos administrativos

Eliminar barreras burocráticas que dificultan el acceso efectivo a los recursos habitacionales.

4. Atención a situaciones de especial vulnerabilidad

Incorporar medidas específicas para mujeres con discapacidad, víctimas de trata, mujeres migrantes y familias con menores.

5. Generación de conocimiento y evaluación

Impulsar estudios que permitan comprender el impacto de la violencia de género en la pérdida de vivienda y la exclusión residencial.

Por otro lado, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, perteneciente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, aprobado por el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, configura un sistema de ayudas públicas orientado a facilitar el acceso y mantenimiento de una vivienda digna, con especial atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad, entre los que se incluyen de forma expresa las víctimas de violencia de género. El plan articula un régimen reforzado de protección mediante un conjunto de medidas económicas, habitacionales y sociales integradas.

Se identifica a las víctimas de violencia de género como colectivo prioritario en el acceso a las ayudas públicas, junto con otras situaciones de vulnerabilidad como el riesgo de desahucio o la exclusión residencial. Y este reconocimiento implica:

• Preferencia en la adjudicación de viviendas protegidas
• Acceso preferente a programas de ayuda
• Mayor intensidad en las subvenciones respecto al régimen general.

En ese sentido, el núcleo de la protección se articula a través del programa de ayuda a personas especialmente vulnerables, que tiene como fin proporcionar una solución habitacional inmediata a personas en situación de especial vulnerabilidad, incluyendo expresamente a mujeres víctimas de violencia de género, configurándose en este marco, como destinatarias directas de las ayudas.

Actuaciones subvencionables

Este programa de vivienda contempla diferentes soluciones habitacionales: acceso a vivienda en alquiler, cesión de uso de inmuebles públicos o privados y acceso a alojamientos temporales o de emergencia. Ello permite adaptar la respuesta a situaciones de urgencia y protección, además de que el plan establece una intensidad máxima de protección para estos colectivos, lo que supone un tratamiento significativamente más favorable que el régimen general de ayudas, gracias a:

• una cobertura hasta el 100 % del coste del alquiler o uso de la vivienda
• la posibilidad de incluir gastos asociados (suministros, comunidad, y otros gastos asociados como internet, etc.)
• la opción de concesión hasta cinco años, con seguimiento social, y posibilidad de abonarse directamente a la persona propietaria o gestora de la vivienda.

La asignación de las ayudas se realizará con intervención de los servicios sociales autonómicos o locales lo que permitirá la valoración individualizada, el seguimiento de la situación y la integración con otros recursos de protección.

Ayudas generales al alquiler y viviendas públicas

El plan regula igualmente las ayudas al alquiler con carácter general, con una cobertura ordinaria de hasta el 40 % del alquiler. Si bien, para colectivos vulnerables, incluidas las mujeres víctimas de violencia de género, se permite alcanzar hasta el 100 % del coste, en función de la situación acreditada. Esto consolida un sistema de protección escalonado en el que la vulnerabilidad determina la intensidad de la ayuda.

Respecto a la vivienda pública y protegida, se ha introducido una reforma estructural relevante: toda vivienda financiada con fondos públicos pasa a tener protección permanente. Este elemento tiene un impacto directo en los colectivos vulnerables, ya que incrementa el parque público disponible, garantiza su permanencia en el tiempo y facilita el acceso prioritario de mujeres víctimas de violencia de género a soluciones habitacionales estables.

Todo ello configura un sistema de protección robusto y multidimensional, orientado a prevenir y corregir situaciones de exclusión residencial desde una perspectiva de igualdad.

El Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades autónomas los fondos para que, en el ámbito de la cogobernanza y la cooperación institucional, estas promuevan todas estas iniciativas encaminadas a erradicar la violencia de género y sus consecuencias también en materia de vivienda.