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El Gobierno da luz verde al proyecto de reforma para constitucionalizar la vertiente prestacional del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo
- Se propone añadir un apartado 4 al artículo 43 de la Constitución Española que garantice el ejercicio del derecho en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios
- Con esta iniciativa, España avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su necesaria protección frente a dinámicas regresivas
7 de abril de 2026
El Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Igualdad, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y del Ministerio de Sanidad, el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española, para constitucionalizar la vertiente prestacional del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Esta iniciativa trae causa de un acuerdo previo que ya aprobó el Gobierno el pasado 14 de octubre de 2025 y por el que se solicitó al Consejo de Estado la emisión del dictamen preceptivo sobre la propuesta, recibido el 9 de marzo de este año. De esta forma, el proyecto de reforma que se ha elevado ahora al Consejo de Ministras y Ministros incorpora las mejoras realizadas por el Consejo de Estado y propone añadir un apartado 4 al artículo 43 de la Constitución con el siguiente tenor literal: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.
La nueva redacción constitucionaliza con claridad la vertiente prestacional del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, al tiempo que la libertad de decisión de la mujer queda protegida por los artículos 10.1 y 15 de la Constitución Española, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, estableciendo que los poderes públicos deben garantizar su ejercicio en condiciones de igualdad real y efectiva. Esta previsión se incluye en consonancia con el artículo 9.2 de la Constitución y con el objetivo principal de asegurar la igualdad en el ejercicio del derecho a la IVE en todo el territorio nacional.
A partir de este momento, la reforma impulsada por el Gobierno seguirá los cauces establecidos, conforme al procedimiento previsto en el artículo 167 de la Constitución, y requerirá la aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. En caso de descuerdo, sería necesaria la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado que propondría un nuevo texto, que se sometería de nuevo a votación. De no lograrse, el texto podría aprobarse, por mayoría de dos tercios de los votos en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.
En definitiva, con esta reforma constitucional, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo queda reforzado con la obligación, indisponible para los poderes públicos, incluido el legislador, de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas. España avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su necesaria protección frente a dinámicas regresivas y vuelve a colocarse a la vanguardia de los países europeos más avanzados en la protección de los derechos de las mujeres.