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Irene Montero: «El nuevo título habilitante permitirá que todas las víctimas de violencia de género, con independencia del lugar donde residan, accedan a todos sus derechos»

La ministra de Igualdad ha trasladado a las CCAA el objetivo prioritario del Gobierno de España de trabajar conjuntamente y con absoluta unidad institucional en el blindaje del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género y su financiación.

11 noviembre 2021

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha presidido esta mañana el Pleno de la Conferencia Sectorial de Igualdad (CSI), que ha tenido lugar de forma presencial en el Senado, dónde ha sido recibida por el presidente del Senado, Ander Gil. La CSI ha contado también con la presencia de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez; y la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas.

La ministra de Igualdad ha empezado su intervención recordando el último asesinato machista de una mujer de 37 años en la provincia de Cádiz y haciendo hincapié en la unidad feminista e institucional para derrotar a la violencia machista. «Juntas debemos seguir trabajando, luchando unidas, desde las instituciones y también desde nuestra cotidianidad, desde las calles y las organizaciones y colectivos feministas, para erradicar todas las formas de violencias machistas».

La ministra de Igualdad, ha anunciado, que tras dos años de trabajo con las CCAA, «hemos alcanzado un consenso para la acreditación de situaciones de violencia de género». Un nuevo título habilitante, para que todas las víctimas de violencia de género, con independencia del lugar donde residan, accedan a todos sus derechos. «Quiero agradecer todos los esfuerzos realizados por las CCAA, así como por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, para alcanzar este importante acuerdo».

Este nuevo consenso, ha afirmado Montero, supone el compromiso y la garantía para la acreditación de víctimas en todo el territorio, con más organismos acreditadores y un acuerdo global con las CCAA sobre supuestos y requisitos que dan acceso a estos derechos. «Damos así un paso más para que las víctimas de violencia de género encuentren más puertas de acceso al reconocimiento y protección de sus derechos». La acreditación, la van a realizar las instituciones especializadas en el acompañamiento, recuperación y asistencia integral a las mujeres.

Institucionalización del PEVG

Montero ha trasladado a las CCAA el objetivo prioritario del Gobierno de España de trabajar conjuntamente y con absoluta unidad institucional en el blindaje del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género (PEVG) y su financiación, atendiendo a las demandas de muchas CCAA para la plurianualidad de los fondos y para que se amplíe su uso a todas las formas de violencia machista, aumentando la dotación de los mismos.

«Para nosotras un tema central y prioritario. Ahora es el momento de reafirmar el compromiso feminista y el consenso de 2017, en el que todas las fuerzas políticas, todas las organizaciones e instituciones trabajamos juntas y comprometimos todos nuestros esfuerzos para la erradicación de las violencias machistas». Un trabajo, ha afirmado, que debe contar «no sólo con la clara iniciativa del Gobierno de España sino con la actuación protagónica del Poder Legislativo y de los grupos parlamentarios, así como de las administraciones autonómicas y locales».

Plan Corresponsables

Montero ha informado también del Plan Corresponsables, del cual ya se han efectuado el 100% de las transferencias correspondientes a los PGE de 2021 y que, en los PGE de 2022, consolida la inversión, garantizando que las CCAA dispongan de mecanismos para desarrollarlo y facilitando que puedan usar los remanentes de 2021 el año próximo.

Para el Ministerio de Igualdad, consolidar esta política pública como una política que pone en el centro la corresponsabilidad del Estado en las tareas de cuidados es una absoluta prioridad. «Que las mujeres pero también el conjunto de la sociedad sepan que al igual que existen servicios públicos educativos o sanitarios, el centro de salud o la biblioteca pública, existe un servicio público y de calidad para garantizar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, porque el Estado es corresponsable de las tareas de cuidados, esenciales para el sostenimiento de la vida y realizadas en su mayoría por mujeres».

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